Siguenos en:
jueves, marzo 23, 2017
Política y Justicia

Tras pena cumplida, expedientes deberán desaparecer de internet

lunes, agosto 31, 2015 13:38
La Corte Suprema de Justicia ordenó sacar de las bases de datos las providencias judiciales abiertas al público o borrar los nombres de las personas condenadas.
Cuando se compruebe que judicialmente se declaró cumplida o prescrita la pena, se suprimirán de las bases de datos de acceso abierto los nombres de las personas condenadas (…) No obstante, se mantendrá el documento íntegro en los archivos de la [Corte Suprema de Justicia]. Este, bajo los preceptos legales que rigen el derecho de acceso a la información pública, podrá consultarse directamente en las oficinas en las cuales reposa.
Corte Suprema de Justicia

Con el fin de facilitar la reinserción de las personas una vez hayan cumplido la pena, la Corte Suprema de Justicia ordenó sacar de las bases de datos las providencias judiciales abiertas al público o borrar los nombres de las personas condenadas. 

El fallo resuelve una tutela interpuesta por una persona sentenciada por homicidio; sin embargo, la pretensión de retirar su nombre fue rechazada ya que no acreditó el cumplimiento o prescripción de la pena que le fue impuesta.

El alto tribunal también enfatizó que en que las bases de datos no controladas por la institución y que son administradas por privados que las utilizan en sistemas de información que se ofrecen gratuitamente, mediante pago o simplemente como herramienta de actividades privadas, antes de asociarla a una base de datos, deben suprimir las informaciones personales de procesados, víctimas y testigos.

“Eso impedirá –agrega el pronunciamiento– que cuando lo haga la Corte porque se prescribió o cumplió la pena (o respecto de los otros en cualquier tiempo y por motivos aquí no dichos), continúen esos datos circulando en la Internet en sistemas de información que no controla. Es una obligación que puede imponer la Corte para el adecuado manejo de la información pública que produce, del cual hace parte el deber de proteger el derecho a la vida privada de las personas físicas y el derecho al olvido”.

La sala cita jurisprudencia de la Corte Constitucional respecto al "derecho al olvido" y al "principio de caducidad negativo". Al respecto el tribunal constitucional había dicho que  “en relación con la información negativa referente a las actividades crediticias y financieras, es aplicable también a la información negativa concerniente a otras actividades, que se haya recogido en bancos de datos”.

JOHANNA ÁLVAREZ 

 

 

publicidad