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martes, marzo 28, 2017
Política y Justicia

‘Quien contamina paga’: Corte Constitucional

martes, noviembre 24, 2015 14:26
Así lo determinó alto tribunal al hacer una revisión del Estatuto Nacional de Pesca en donde aseguró que la responsabilidad pecuniaria por las infracciones ambientales que causen los pescadores no puede ser asumida solidariamente por capitanes, armadores y titulares de licencia de pesca.
El alto tribunal eliminó la palabra “subsidiaria” de uno de los artículos al considerar que la culpa es subjetiva y que ello no significa que desaparezcan otras responsabilidades"

Así lo determinó alto tribunal tras hacer una revisión del Estatuto Nacional de Pesca en donde aseguró que la responsabilidad pecuniaria por las infracciones ambientales que causen los pescadores no puede ser asumida solidariamente por capitanes, armadores y titulares de licencia de pesca.

 

Tres magistrados: Luis Guillermo Guerrero Pérez, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y Gloria Stella Ortiz Delgado estuvieron en desacuerdo con esta decisión y argumentaron que “esta medida fomentaba el control a cargo de los capitanes, armadores y titulares de la licencia de pesca, quienes son los que obtienen las ganancias de esta actividad”.

“La responsabilidad solidaria del capitán de nave, armador y titular de la licencia de pesca, por las sanciones económicas que se impongan no constituía de ninguna manera, una responsabilidad objetiva, toda vez que no debe olvidarse que en materia de protección ambiental rige el principio según el cual, quien contamina paga. Aquí se trata de asumir la responsabilidad pecuniaria por las infracciones de los dependientes que deben actuar bajo la dirección, supervisión y control de esos agentes”, indicaron los magistrados en sus salvamentos de voto.

El Estatuto de Pesca fue sancionado en el 2003 y establece multas hasta de 22 millones de pesos por extraer recursos de zonas de reserva o por usar métodos ilícitos de pesca como material explosivo, entre otras infracciones.

En la revisión, la Corte también indicó que el Congreso no le puede dar al Gobierno Nacional la facultad para  establecer infracciones y sanciones administrativas. Y asegura que reglamentaciones en esta materia deben limitarse a asegurar la ejecución de la Ley, en donde están contenidas las sanciones.

“Contraviene los principios de legalidad y de reserva de ley, al investir de manera permanente al ejecutivo para establecer infracciones mediante la expedición de actos administrativos de carácter general, por consiguiente, dicha expresión fue declarada inexequible”, indica la Corte.

JOHANNA ÁLVAREZ

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