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martes, marzo 28, 2017
Política y Justicia

Matrimonio entre parejas del mismo sexo es legal en Colombia

jueves, abril 28, 2016 11:21
Al interpretar la sentencia C-577 del 2011, el alto tribunal ordenó que jueces y notarios celebren matrimonios de estas parejas en protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, la libertad y la dignidad humana.

La Corte Constitucional protegió los derechos de todas las parejas del mismo sexo que buscan unirse a través del matrimonio civil a partir del 20 de junio del 2013.

Al interpretar la sentencia C-577 del 2011, el alto tribunal ordenó que jueces y notarios celebren matrimonios de estas parejas en protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, la libertad y la dignidad humana.

La ponencia fue elaborada por el magistrado Alberto Rojas, luego de que la Corte derrotara un proyecto de fallo de Jorge Pretelt que negaba la posibilidad de la celebración de matrimonios. Ahora, con una votación de 6-3 la Corte aprobó el matrimonio civil para parejas del mismo sexo.

La Corte revisó seis tutelas y expidió una sentencia de unificación en donde extiende su fallo para beneficio de todas las parejas del mismo sexo en el país. El alto tribunal apeló a los efectos inter comunis, que significan que de manera excepcional un fallo de tutela se extiende a personas aun cuando no hayan pedido el amparo.

Para la Corte, después del 2013 se generó un claro déficit de protección que llevó a una situación de inseguridad jurídica, en el que la Corte Constitucional como máximo intérprete de la Carta Política tenía la obligación de pronunciarse.

Además de proteger derechos fundamentales, la Corte también indicó que el derecho a conformar una familia está protegido en el artículo 42 de la Constitución y no es exclusivo de las parejas heterosexuales.

“La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia”, dice la norma.

De esta manera, la Corte removió las barreras institucionales y la incertidumbre jurídica. Además, cerró la brecha para que las parejas del mismo sexo puedan gozar de derechos a la seguridad jurídica y al mínimo vital a través del registro de su matrimonio.

El alto tribunal le pidió al Congreso que en el 2011 legislara sobre los derechos de los homosexuales a contraer matrimonio, y para ello le dio un plazo de dos años, lo cual no ocurrió. Por ello, a partir del 2013 se viene registrando confusión frente a si las parejas homosexuales pueden celebrar uniones de hecho o matrimonios.

Desde 1999 el Congreso ha hundido 18 proyectos de Ley para proteger los derechos de parejas del mismo sexo, en algunos casos han quedado archivados sin ningún debate.

Procuraduría no tiene legitimidad para interponerse al matrimonio entre parejas del mismo sexo

La Corte Constitucional también se pronunció frente a dos casos de parejas del mismo sexo en donde la Procuraduría intervino para impedir la celebración del acto y para pedir la anulación del mismo.

Los casos son los de Elizabeth González Sanabria y Sandra Marcela Rojas Robayo, y Julio Albeiro Cantor Borbón y William Alberto Castro. En los casos de ambas parejas, Gustavo Trujillo Cortes, el Procurador Judicial II de la delegada de asuntos civiles, interpuso recursos para evitar que los Juzgados 44 y 48 Civiles de Bogotá  celebraran los matrimonios. Una vez celebrados, el agente del Ministerio Público tuteló buscando la anulación.

La Corte indicó que en el pasado se ha reconocido que la Procuraduría cuenta con legitimación activa para interponer acciones de tutela en defensa de derechos fundamentales de los niños, de los indígenas y en general de personas que están en estado de indefensión.

Sin embargo, aseguró que en los casos concretos, el agente del Ministerio Público intervino activamente en el trámite aún cuando no procede la intervención ya que los contrayentes no están en situación de debilidad ni tampoco los derechos fundamentales estaban siendo amenazados o vulnerados.

Para la Corte, las atribuciones constitucionales y legales del Ministerio Público “no pueden confundirse ni traslaparse” y negó que exista legitimidad para que la Procuraduría intervenga en estos casos.

JOHANNA ÁLVAREZ

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