Siguenos en:
jueves, marzo 23, 2017
Política y Justicia

Corte Constitucional sentará posición clave en sistema de ascensos de Fuerza Pública

jueves, febrero 25, 2016 10:13
No es la primera vez que la Corte Constitucional debate este tema. Hay decisiones de los últimos 20 años que disponen la necesidad de motivar actos administrativos. Por ello, esta sentencia de unificación será la clave.

En medio del escándalo por las investigaciones que realizan las autoridades por la existencia de un “carrusel” de reintegros en la Fuerza Pública a través de sentencias judiciales, la Corte Constitucional se alista para ponerle un punto final y unificar la forma en que son retirados del servicio.

La Corte revisará cinco fallos de tribunales del Meta, Cundinamarca, Nariño y Huila, que han ordenado el reintegro de miembros de la Fuerza Pública, por falta de motivación. A su turno el Consejo de Estado se pronunció tumbando las decisiones del tribunal al considerar que la ley prevé la discrecionalidad.   

Para el ponente, el magistrado Jorge Pretelt, el llamamiento a calificar servicios, a través del cual funciona el sistema de ascensos en la Fuerza Pública, está reglamentado en la ley 1791 del 2000 y no requiere motivación. Los requisitos son: tener un tiempo de servicio superior de 15 años y haber recibido la asignación de retiro.

Según Pretelt, no llevar a cabo el retiro por llamamiento a calificar servicios traería consecuencias como el ascenso automático de todos los miembros de las fuerzas armadas, lo cual sería inviable por la estructura piramidal de las fuerzas y por la falta de disponibilidad presupuestal que requeriría.

El magistrado también defiende que los casos de retiro por voluntad del gobierno están permitidos por la ley con el fin de mejorar el servicio, ya que el deficiente desempeño y la observancia de conductas reprochables conlleva a la pérdida de confianza con la que deben contar los miembros de esta institución.

La ponencia fue votada por primera vez en noviembre. En contra de la postura del ponente estuvieron los magistrados Luis Ernesto Vargas, Alberto Rojas, Jorge Iván Palacio y Myriam Ávila (encargada mientras asumía el magistrado Alejandro Linares). Ellos consideraron que establecer una obligación de motivar los actos administrativos para el retiro de miembros de las fuerzas acabaría con las roscas, los padrinazgos y la corrupción. 

Hubo empate de 4-4 por lo que para definir fue convocado el conjuez enrique gil botero. Sin embargo, con la llegada del magistrado Alejandro Linares, la ponencia de Pretelt ya contaría con los cinco votos necesarios para ser aprobada.

JOHANNA ÁLVAREZ

publicidad