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viernes, julio 28, 2017
Nacional

Piden celeridad a Contraloría y Procuraduría en investigaciones contra patrimonio de la Nación

viernes, julio 7, 2017 09:18

Un llamado de atención hizo el Consejo de Estado a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República para que en casos que involucren afectación patrimonial de la Nación, adelanten con celeridad todas las actuaciones que la ley impone para evitar la prescripción de las acciones disciplinarias y hacer posible el cobro efectivo de las obligaciones impuestas en fallos por responsabilidad fiscal. 

El pronunciamiento se hizo al resolver una acción popular contra el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), dos empresas privadas y otros dos particulares, entre los que se encuentra un exdirector del Invima.

Según hechos de investigación en 200, el entonces director del Invima suscribió un contrato para la compra de un inmueble donde funcionaría la entidad en Bogotá, por un valor de 4.000.000.000 de pesos, sin contar con el avalúo del inmueble por parte del IGAC o de la Lonja de Propiedad Raíz que era obligatorio.

Dicho avalúo, entregado en 2002, fijó el precio comercial del inmueble en menos de la mitad de lo pactado y, pese a ello, el funcionario se apresuró a suscribir la escritura pública de compraventa y pagó lo ya convenido.

La Sección Tercera, señaló que tan graves y patentes desconocimientos de los reglamentos de la gestión pública, todos en detrimento económico de la entidad, permiten concluir que se está ante la presencia de un acto de corrupción, en el que se defraudó el patrimonio del Invima en una suma superior a los 2.000.000.000 de pesos de la época.

“Son tan dicientes las conductas del servidor público, que le merecieron reproche desde el punto de vista fiscal, como quedó acreditado en el proceso, por cuanto revelan una actuación que aunque fue calificada como gravemente culposa, se adentra también en los terrenos del dolo, tal como finalmente quedó establecido cuando desde el ámbito penal se le encontró no solo responsable del delito de celebración de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales, sino también del de peculado por apropiación”, indica la sentencia.

Por estos hechos, la Sala ordenó el pago de cerca de 4 mil millones de pesos a todos los implicados en el caso por la transgresión al patrimonio público. Además, el Invima está obligado a iniciar todas las acciones pertinentes para lograr que las condenas pecuniarias impuestas en los procesos penal y fiscal también se cumplan.

Aunque en la sentencia se reconoce que en este caso la justicia obró de manera oportuna, la Sala advierte que de manera inexplicable el proceso prescribió en la Procuraduría General y que, por parte de la Contraloría, no se conocieron, dentro del proceso, acciones efectivas para lograr el cobro de las obligaciones impuestas, por lo que se les exhorta a actuar con celeridad especial en los casos que involucren afectación patrimonial de la Nación.

 

PAOLA SANTOFIMIO 

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