Siguenos en:
viernes, julio 28, 2017
Nacional

Piden celeridad en investigaciones que existan por irregularidades en el PAE

miércoles, julio 12, 2017 20:04

Constantes han sido las denuncias presentadas ante los diferentes órganos de control por las presuntas irregularidades que se han presentado en la contratación y ejecución de los programas de alimentación escolar (PAE) en varias regiones del país, razón por la cual la Corte Constitucional al fallar una tutela, solicitó a la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría dar celeridad a los procesos penales, fiscales y disciplinarios que allí se adelanten en torno a esos casos.

La Corporación Judicial con ponencia del magistrado Alejandro Linares hizo la petición al indicar que los órganos de control y judiciales deben dedicar “sus esfuerzos prioritariamente a la vigilancia de contratos y convenios dedicados a la provisión de servicios de los programas de primera infancia del ICBF, para evitar que los recursos que se han aplicado para los mismos se desperdicien o desvíen a fines ajenos al cumplimiento del interés superior de los menores de edad”.

Este pronunciamiento se hizo al conocer el caso de los municipios de Repelón y Polonuevo, del departamento del Cesar, quienes pidieron que se ampara sus derechos a la consulta previa, la concertación, la autonomía, la participación y libre desarrollo, a la identidad cultural y a una educación pertinente, “a la hora de escoger los operadores de los programas de primera infancia que benefician a los niños de las comunidades afro”.

Indicó la Corte que si bien se ha reconocido que los afrocolombianos y las comunidades a las que pertenecen son titulares de derechos fundamentales que deben ser garantizados por el Estado, ello no significa que “la concertación o la consulta previa puede ser usada como un mecanismo para burlar, morigerar o menguar los requisitos que la ley impone para la contratación” por lo que afirmó que si “una comunidad o consejo comunitario desea presentarse como candidato a operador de los programas de primera infancia del ICBF, dicha comunidad o consejo debe cumplir estrictamente los requisitos que las leyes de contratación y los pliegos de condiciones impongan para el proceso, sin que sea un factor decisivo su origen étnico, por lo cual, el ICBF o la autoridad del Estado competente, debe ser quien proceda a escoger el operador o prestador del servicio más calificado, de forma tal que se pueda realizar una verdadera vigilancia y control por parte de dichas autoridades en la ejecución contractual”.

Explicó el alto tribunal que por ello resulta importante que “los contratos suscritos sean claros en el establecimiento de metas y tiempos de cumplimiento estrictos, que permitan a la vez a los organismos de control ejercer una vigilancia precisa y pronta, que evite que la corrupción entorpezca la provisión de los servicios que requieren los menores de edad”.

No obstante, aclaró que “los contratos que se lleguen a celebrar a futuro para la prestación de los servicios asociados a los programas de la primera infancia, el ICBF deberá observar e implementar los criterios que permitan asegurar un diálogo que respete el derecho fundamental a la consulta previa de las comunidades accionantes, y de esta forma lograr que dichos programas reflejen un enfoque diferencial”.

Paola Santofimio

publicidad