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viernes, agosto 18, 2017
Nacional

Chocan Gobierno, Fiscalía y Procuraduría por decreto sobre bienes de las Farc

martes, agosto 8, 2017 21:31

La Fiscalía insiste en que habrá lavado de activos; el Gobierno se defiende y afirma que lo que se busca es no repetir los mismos errores del proceso de paz con las Autodefensas

Para este miércoles esta citada una audiencia pública en la que la Corte Constitucional escuchará las diferentes posturas que existen en torno al polémico Decreto 903 de 2017 mediante el cual se dictan disposiciones sobre la realización de un inventario de los bienes y activos a disposición de las Farc.

CM& conoció parte de las intervenciones que el Gobierno, la Fiscalía y la Procuraduría presentarán ante el Alto Tribunal, y que fueron enviadas a través de diversos oficios en los que se dio respuesta a los cerca de 19 interrogantes que planteó el magistrado ponente Alejandro Linares.

Fiscalía General de la Nación

El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, envió a la Corte Constitucional la transcripción de la entrevista que dio a un medio de comunicación, en la cual se refirió a los bienes de las Farc.

En esta revela que organizó un “grupo de 300 personas para abrir archivos donde está la información sobre el patrimonio y la riqueza de las Farc” y que a la fecha han evidenciado que se trata de “cinco millones quinientos mil archivos electrónicos” en los que sobresalen “miles de inmuebles urbanos y rurales, miles de automotores, dinero, empresas, establecimientos de comercio”.

En el documento el fiscal reitera sus cuestionamientos al decreto al afirmar que el centro de pensamiento político, no debe ser financiado con “los activos de las Farc (…) eso generaría una inequidad en el debate político entre la política tradicional”. 

En ese punto reitera su advertencia sobre el hecho de que “no termine siendo un lavado de activos; que activos pasaron por las manos de un fondo fiduciario para volver a manos de las Farc, convirtiéndose en dinero sano”.

Presidencia de la Republica

A través de un oficio enviado a la Corte Constitucional, la Presidencia de la República respondió varios interrogantes planteados sobre el destino de los bienes de las Farc. En el documento el Gobierno no solo pide la declaratoria de exequibilidad del decreto sino que explica el porqué era urgente su expedición.

“La urgencia en la expedición del decreto para el inventario de los bienes de las Farc, así como la creación de un fondo para la reparación de las víctimas se explica por la inminencia de la terminación de vigencia de las zonas veredales, lo que impedía acudir al procedimiento ordinario en el Congreso de la República”, indicó.

Explicó que la verificación de la titularidad de dichos bienes son asuntos relacionados con la actividad jurisdiccional ordinaria y transicional, pero que se debe tener claro que “la consecuencia de no declarar todos los bienes es que esos bienes serán objeto de investigación y juzgamiento por la jurisdicción ordinaria”.

Frente al fondo que se creará para la destinación de los bienes, recordó que “es el Gobierno quien tiene la potestad de decir quienes conforman el Consejo Fiduciario, las FARC no tendrá ninguna incidencia del manejo de los bienes del fondo”.

“Los bienes buscan aportar a la reparación integral del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, ninguno de sus bienes podrá destinarse al centro pensamiento político”, añadió.

El Gobierno va más allá y advierte que otra de las razones para expedirse dicho decreto, fue la experiencia ocurrida en el proceso de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia, pues esta “mostró que era necesario realizar un inventario para reducir las posibilidades de ocultar patrimonios ilícitos de los miembros del grupo y de sus redes de apoyo”.

“Esta falencia de ese proceso permitió que dichos grupos se fortalecieran y amenacen la consolidación de la paz en los territorios”, expresó.

A juicio de la Presidencia el “inventario va a permitir a la sociedad, dimensionar la riqueza acumulada por las Farc, y permitir al estado actual en aquellas zonas donde las organizaciones delictivas pretenden dar opacidad a su patrimonio”.

En cuanto a la preocupación de la Fiscalía General sobre el lavado de activos, y la extinción de dominio, el Gobierno explica que el decreto “no limita las competencias de la Fiscalía en materia de extinción de dominio, ya que respecto de bienes que no hayan sido inventariados o de actos posteriores, este órgano deberá ejercer la acción de extinción de dominio. Sin embargo, al tratarse una acción penal, el asunto deberá ser desarrollado por la Ley Estatutaria de la JEP”.

Procuraduría General de la Nación

Finalmente se conoció los reparos que presentó el procurador general, Fernando Carrillo, quien si bien pidió que se declare exequible el Decreto 903 de 2017, afirmó que debe ser condicionado con el fin de respetar y garantizar “los derechos de las víctimas”.

Explicó que la expedición de esa norma se dio “como elemento indispensable para la reconciliación nacional, se trató de un mensaje de confianza y cumplimiento oportuno que busca disminuir el riesgo de pérdida de tales bienes”.

Frente al centro de pensamiento, la Procuraduría afirma que la única destinación pactada para dichos bienes en la reparación de las víctimas, por lo que “se solicita a la Corte que se declare la constitucionalidad bajo el entendido de que una vez se agoten dichos recursos el Estado deberá asumir las indemnizaciones a que hubiere lugar”.

Igualmente que se declare exequible bajo el entendido que hace referencia exclusivamente a que dichos bienes se destinarán a la indemnización de los menores que integraron las Farc y que fueron víctimas del conflicto.

PAOLA SANTOFIMIO

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