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domingo, agosto 20, 2017
Justicia

Organización internacional pide a la Corte tumbar parte del decreto sobre bienes de las Farc

jueves, agosto 3, 2017 20:22

A través de un concepto enviado a la Corte Constitucional, el Instituto para las Transiciones Integrales (IFIT), solicitó a la Corte declarar la inexequibilidad de algunos artículos del Decreto Ley 903 de 2017 por medio del cual se dictan disposiciones sobre la realización de un inventario de los bienes y activos a disposición de las Farc.

Ajuicio de esta organización internacional, que incluso asesoró a la delegación del Gobierno colombiano en la mesa de conversaciones con las Farc, es claro que si bien parte del decreto es fundamental para garantizar el derecho a la reparación de las víctimas, hay algunos artículos que van en contra vía de la constitución y de las víctimas.

Concretamente el instituto pide la inexequibilidad de los artículos 2, 3 y 4, al considerar que incluyen temas que no hacen parte del acuerdo final suscrito con las Farc.

Artículo 2: Entrega de Inventario

En este punto pide que se declare inexequible la expresión colectivos, al argumentar que incumple el criterio de conexidad puesto que la expresión colectivos contemplada en el acuerdo final, puede generar la exclusión de los bienes individuales para la reparación de las víctimas, “lo cual se configuraría como una restricción indebida el derecho a la reparación”.

“El inventario debe contener todos los bienes de la organización sean estos individuales o colectivos”, agrega.

Artículo 3: Fondo de victimas

La organización igualmente pide su inexequibilidad al considerar que si bien se establece la creación de un patrimonio autónomo sobre los bienes y activos que se encuentran en el inventario entregado por las Farc, este “incumple el criterio de conexidad objetiva (…) porque el acuerdo final no contempla entonces la creación de un fondo nuevo sino que por el contrario plantea el fortalecimiento del fondo reparación de víctimas, ampliando sus fuentes de financiación lo que se cumple, entre otras con los bienes y activos de la organización de las Farc”.

Agrega que a su juicio lo que se debe es “garantizar que los aportes en materia de bienes y activos de las Farc sean canalizados por la unidad para las víctimas, así se garantiza su distribución racional buscando la igualdad y la equidad teniendo en consideración el universo total de las víctimas y ando prioridad a los sujetos después de protección”.

“La creación de un fondo de víctimas podría implicar tratamiento diferentes entre las víctimas con base en el grupo armado que causó el daño (…) la administración del nuevo fundamentaría la brecha entre este y la política pública de víctimas dispersando la toma de decisiones y la asignación de los recursos haciendo inocuos los criterios de priorización respectivo el universo de víctimas y con ello los principios de igualdad y equidad en la distribución de los recursos disponibles contrariando la Constitución” añade el documento.

Artículo 4. Finalidad del Fondo

Igualmente pide que se declare inexequible, concretamente la expresión y “la implementación de los programas contemplados en el acuerdo final* al indicar que esto vulnera el derecho a la reparación de las víctimas del conflicto armado, toda vez que “el acuerdo final no contempla la reincorporación social y económica con los bienes y activos entregados en el inventario, sino que por el contrario es enfático en determinar que estos se destinarán para la reparación integral de las víctimas”.

Afirma la entidad que la destinación de los bienes y activos de las Farc a la financiación de los programas de reincorporación social y económica que incluyen entre otras medidas la entrega de una "renta básica mensual equivalente al 90% del salario mínimo" a los miembros de las Farc, “materializa los elementos del enriquecimiento ilícito aun cuando hay mediación estatal”.

“En conclusión, si bien el estado debe garantizar la financiación y adecuado cumplimiento de los programas de reincorporación de los miembros de las Farc, lo anterior no se puede materializar con los bienes y activos del mismo grupo armado al margen de la ley ya que esto no se encuentra contemplado en el acuerdo final y por ello carece de conexidad objetiva, va en contra de los derechos de las víctimas a la reparación, la financiación de los programas de reincorporación social y económica constituiría un aval, por parte del Estado, del enriquecimiento ilícito de dichas personas”, afirmó.

 

PAOLA SANTOFIMIO 

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