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domingo, diciembre 4, 2016
Justicia

Judicatura ordena al Gobierno solucionar problemas carcelarios

martes, noviembre 22, 2016 14:52
Al fallar una acción de tutela, se determinó que se deben proveer los cargos vacantes tanto del personal de custodia y vigilancia como del administrativo por las graves condiciones de trabajo de los empleados.
Foto tomada de: www.eldiario.com.co

El presidente de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, Ovidio Claros Polando, le solicitó al Ministerio de Justicia y al el INPEC, adoptar medidas urgentes para enfrentar la grave crisis que se está presentando en el establecimiento Penitenciario Colonia Agrícola de Mínima Seguridad de Acacias, dado las circunstancias de reclusión de los internos para que se protejan sus derechos fundamentales.

Por esta razón se solicitó el cumplimiento de la jornada laboral del cuerpo de custodia y vigilancia.

Así mismo, decidió que se verifiquen las condiciones de habitabilidad, sanitarias y de funcionamiento de las instalaciones del centro de reclusión.

Además que se elabore un plan de refacción, mantenimiento y adecuación de las mismas y se determinen las necesidades en materia de bienes y servicios, incluidas las capacitaciones del personal.

El recurso de amparo fue presentado por la representante de la Asociación Sindical de Servidores del Sistema Penitenciario y Carcelario UTP, quien manifestó que el establecimiento tiene un sobrecupo de 274 internos, hace falta personal administrativo y operativo; lo que genera jornadas laborales hasta de 24 horas continuas, las edificaciones tienen más de 80 años de construcción; encontrándose en mal estado y el personal está propenso a riesgos que comprometen la vida y la integridad como fugas, riñas, motines y enfermedades infectocontagiosas.

La Sala amparó los derechos tutelados como mecanismo transitorio mientras la accionante acude a la vía ordinaria respectiva, al encontrar que es evidente el problema estructural en el establecimiento, guardando relación con la realidad del Sistema Penitenciario y Carcelario Colombiano, donde continúa la afectación en forma sistemática y masiva de los derechos fundamentales tanto del personal como de la población privada de la libertad.

“Es claro para la Corporación que existe un perjuicio irremediable en el caso objeto de estudio, que amerita la intervención del juez de tutela en aras de salvaguardar idónea y eficazmente los derechos a la vida, trabajo digno y justo, salud y resocialización tanto de los funcionarios administrativos, de custodia y vigilancia del citado penal, como también de los privados de la libertad”, declaró la Sala Jurisdiccional Disciplinaria.  

Enfatizó la Corporación que las asociaciones sindicales pueden solicitar por vía de tutela la protección de los derechos fundamentales de la colectividad, por lo que la representante de la Asociación Sindical de Servidores del Sistema Penitenciario y Carcelario UTP, estaba legitimada para invocar el recurso de amparo.

“Tampoco se puede desconocer que al  promover la tutela se está poniendo en evidencia la vulneración de otros derechos fundamentales, inherentes de las personas privadas de la libertad, de ahí que la decisión no se pueda limitar a los trabajadores, por el contrario debe hacerse extensiva al personal recluido, pese a no haber sido reclamados por éstos y a no tener su representación”, indicó la decisión.

Finalmente la Sala dispuso, que la ARL POSITIVA compañía de Seguros S.A., elabore y ponga en ejecución un plan de capacitación que incremente las frecuencias de las actividades de promoción en salud y prevención de riesgo en el trabajo y comunicar a los órganos de control para que en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales, realicen acompañamiento en el cumplimiento del fallo.

 

PAOLA SANTOFIMIO

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