Siguenos en:
viernes, julio 28, 2017
Justicia

Empresas de servicios públicos deben buscar acuerdos de pago con víctimas del conflicto armado

miércoles, julio 5, 2017 06:37

Al fallar una tutela la Corte Constitucional recordó que las personas en condición de desplazamiento forzado “son sujetos de especial protección constitucional” dado a que pertenecen a un sector de la población que “permanece en una situación dramática y de continua vulneración de sus derechos fundamentales” por lo que deben ser tratadas bajo consideraciones especiales.

Explicó el Alto Tribunal que en reiteradas ocasiones ha manifestado que tanto el Estado como las entidades particulares deben analizar la posibilidad de buscar alternativas de pago cuando “se trata del cumplimiento de obligaciones económicas como el pago de servicios públicos domiciliarios” que por su calidad de víctimas no han podido atender oportunamente.

Este pronunciamiento se hizo al amparar los derechos de una mujer de 63 años de edad, madre de cinco hijos,  quien tuvo que salir en dos ocasiones de su lugar de residencia “por cuenta de las amenazas de grupos organizados al margen de la ley, razón por la que no pudo continuar atendiendo oportunamente el pago de la obligación económica” contraída con Electricaribe.

Indicó la Corte que según el caso analizado, se logra constatar que se trata de una persona en condición de desplazamiento forzado dado “a la grave situación de orden público en la zona” que la obligaron a trasladarse hasta la ciudad de Cartagena.

“En aquella oportunidad, la inminencia de las amenazas provocaron el abandono intempestivo de todas sus pertenencias, incluido un inmueble sobre el cual periódicamente cancelaba las facturas correspondientes de energía y que, al mismo tiempo, era su lugar de residencia y de trabajo, pues en el funcionaba un hotel. El temor de regresar a su territorio le impidió continuar atendiendo oportunamente la obligación contraída con Electricaribe, incurriendo así en mora” precisa el fallo de la Corte.

Frente a esa situación la Corporación Judicial recordó que las empresas prestadoras “deben acordar la implementación de acuerdos de pago (…) en el que la empresa accionada consulte las condiciones reales de la peticionaria (…) que le permitan normalizar la obligación atrasada por hacer parte de la población desplazada por la violencia”.

“Cuando el Estado incumple su deber básico de preservar las condiciones mínimas de orden público, necesarias para prevenir el desplazamiento forzado de personas, tiene por lo menos que garantizarle a los cientos de miles de colombianos que han tenido que abandonar sus hogares y afrontar condiciones extremas de existencia posibilidades de superación y de reconstrucción de sus vidas, atendiendo siempre a sus requerimientos y necesidades especiales”, puntualizó la Corte.

PAOLA SANTOFIMIO

publicidad