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martes, junio 27, 2017
Justicia

Corte Constitucional pide investigar irregularidades en entrega de subsidios por parte del Inurbe

martes, junio 6, 2017 17:27

22 años después, la Corte Constitucional pretende reabrir un capítulo que para muchos ya estaba cerrado. Se trata de las irregularidades en las que aparentemente incurrieron funcionarios del entonces Instituto Colombiano de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana (Inurbe), en la entrega de subsidios para programas de vivienda en 1995.

Al fallar una tutela, la Corte evidenció presuntas irregularidades que se habrían presentado en la entrega de subsidios para un programa de vivienda denominando "Murindó III Etapa" en el municipio Murindó de Antioquia, cuyos subsidios de vivienda eran otorgados por el extinto Inurbe.

Según encontró el alto tribunal, bajo la figura de agentes oficiosos, varias personas se encargaron de reclamar subsidios que fueron entregados en 1995, para adquisición de viviendas.

El caso en concreto que revisó la Corte Constitucional, cobija a una mujer que presentó una solicitud para recibir un subsidio para compra de vivienda, pero este le fue negado, dado a que en el sistema aparece que en 1995 resultó beneficiaria dentro del programa de vivienda de interés social en Murindó, sin que esto le fuera notificado.

Según narró la tutelante, mediante un oficio presentado, el Ministerio de Vivienda le respondió que: "revisados los archivos disponibles en el archivo de este Ministerio, recibidos del extinto Inurbe, se demuestra que el Inurbe asignó el subsidio otorgado a usted como beneficiaria (...) mediante resolución No. 589 del 31/03/95, por un valor de $2.368.772 m/cte para ser aplicado en el proyecto ‘Tercera Etapa’, tipo de solución vivienda mínima. En la ciudad de Murindó, Antioquia, oferente: municipio de Murindó. El subsidio fue desembolsado y pagado por parte del Inurbe.”

Afirmó que al realizar las respectivas averiguaciones, la mujer encontró que se había suscrito una escritura pública en la que "se protocolizó la compraventa de un bien baldío entre: Abraham Ledezma, vendedor en su condición de alcalde municipal de Murindó, y de otra parte, Luz Stella Moreno Ramírez, quien actuó como agente oficiosa de la compradora".

Sin embargo, cuando fue a solicitar la entrega del supuesto inmueble que había adquirido, las autoridades no le suministraron la información.

La Corte Constitucional en su fallo de tutela concluyó que los hechos relacionados con el otorgamiento de las escrituras públicas "en las que se plasmó el contrato de compraventa a través del cual la actora adquirió el inmueble en Murindó, son confusos y que existen conceptos disimiles sobre la viabilidad del otorgamiento y registro de dichos instrumentos públicos".

"La sala considera pertinente destacar los siguientes hechos: la manifestación de la accionante de acuerdo con la cual, se postuló en 1995 a un subsidio de vivienda en Murindó y que sólo en el año 2016 se enteró de su calidad de propietaria de un inmueble en Murindó; los conceptos emitidos por las autoridades competentes respecto a las condiciones de registro de las escrituras públicas que se otorgaron en relación con la compraventa de un inmueble celebrada entre la Alcaldía Municipal de Murindó y Orlanda Palacios Córdoba, representada por agente oficioso; el otorgamiento y registro de 8 escrituras de compraventa en el marco del proyecto “Murindó Tercera Etapa” en las que intervinieron agentes oficiosos como representantes de los compradores, y el otorgamiento de 30 escrituras de aclaración en las que agentes oficiosos actuaron como representantes de los compradores", agregó el fallo.

La Corte compulsará copias de las pruebas recaudadas a la Superintendencia de Notariado y Registro, a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación para que adelanten las actuaciones que consideren pertinentes ante eventuales irregularidades en la asignación de subsidios dirigidos al proyecto “Murindó Tercera Etapa”.

PAOLA SANTOFIMIO 

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