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viernes, agosto 18, 2017
Justicia

Corte Constitucional ordena investigar presunta afectación ambiental en La Guajira

lunes, julio 24, 2017 13:31

Al fallar una tutela, la Corte Constitucional recordó que el Estado está en la obligación de vigilar la adecuada ejecución de las licencias que se otorgan a las empresas petroleras o mineras del país para evitar que se generen graves problemas medioambientales en las regiones donde se realicen las exploraciones de minerales, gas o petróleo.

Indicó la corporación judicial que en el caso en concreto se otorgó una licencia ambiental a la empresa Ecopetrol S.A., “para construir un gasoducto entre los municipios de Manaure (Sector Ballenas) y Barrancabermeja” pero a la fecha no se ha realizado un adecuado “objeto de control y seguimiento por parte de las autoridades” encargadas, en este caso la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.

Indicó que según los tutelantes, de la comunidad wayu, “no ha habido una adecuada supervisión por parte la autoridad ambiental de la operación de la estación compresora de gas de Hatonuevo” dado a que se ha permitido que se presenten afectaciones a su entorno, tales como: “(a) fuertes ruidos que alteran su medio y calidad de vida; (b) contaminación del aire por la quema permanente de gas; (c) riesgos para la comunidad en caso de que se llegare a presentar una explosión, máxime cuando no se cuenta con señalización en su idioma y no existen planes de emergencias y contingencias; y (d) deterioros de sus fuentes hídricas”.

Explicó el alto tribunal con ponencia del magistrado Luis Guillermo Guerrero que se “ha evidenciado indicios de un inadecuado control ambiental de la estación compresora de gas de Hatonuevo y un desconocimiento de las dimensiones de la justicia ambiental que generan la vulneración de los derechos fundamentales de la comunidad accionante”.

Por esta razón ordenó que se inicie un procedimiento administrativo “con el fin de verificar y hacer seguimiento a las afirmaciones de la comunidad accionante en relación con la inadecuada operación de la estación compresora de gas de Hatonuevo, en especial, de los cuestionamientos en torno a la contaminación sonora”.

“En ese sentido, en caso de evidenciarse el desconocimiento de las observaciones ambientales realizadas en el año 2009 y 2016 por la entidad, se deberá examinar también la procedencia de imponer las sanciones contempladas en la Ley”, afirmó.

PAOLA SANTOFIMIO

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