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jueves, junio 29, 2017
Justicia

Corte Constitucional hace llamado urgente para solucionar hacinamiento carcelario

viernes, marzo 3, 2017 17:18
La Corporación Judicial advirtió que la falta de presupuesto no puede ser una excusa para aliviar problemas de la población carcelaria.

Al fallar una tutela presentada por unos internos de la cárcel de Dorada, Caldas, la Corte Constitucional recordó que es obligación del Estado garantizar los derechos fundamentales a la vida, la salud, la integridad física y la dignidad humana, de las personas privadas de la libertad.

La Corporación Judicial advirtió que son varias las quejas presentadas por los internos de los centros penitenciarios por problemas de agua y las consecuencias de salubridad.

El alto tribunal recordó que el Estado tiene responsabilidades relativas por lo que afirmó que "cada recluso debe sobrellevar la sanción intramural bajo parámetros de humanidad, tranquilidad y decencia".

Señaló la Corte que es deber del Estado "asegurar un trato humano y digno, el de proporcionar alimentación adecuada y suficiente, vestuario, utensilios de aseo e higiene personal, instalaciones en condiciones de sanidad y salud adecuadas con ventilación e iluminación y el deber de asistencia médica".

Pues cuestionó el hecho de que erróneamente "se ha pensado que el delincuente, por su condición de tal y por el hecho de haber atentado contra la sociedad, pierde la calidad de sujeto pleno de derechos al ingresar a un centro de reclusión".

Advirtió que el hacinamiento o la sobrepoblación "es uno de los problemas que con mayor urgencia requiere atención, por la capacidad de agravar los demás obstáculos y dificultades que enfrenta el Sistema Penitenciario y Carcelario del país, y por hacer más difícil y gravosa cualquier opción de solución".

Lo cual está ligado al mal estado de las instalaciones, "la falta de servicios asistenciales básicos al interior de los centros penitenciarios y la ausencia de condiciones de vida que difícilmente cumplen con las más elementales exigencias de humanidad como factores determinantes en el reconocimiento de un estado de cosas inconstitucional".

Aclaró que pese a que son dificultades relacionadas con la falta de presupuesto y con el aumento de la criminalidad, "los Estados no pueden alegar tropiezos económicos para justificar ambientes de detención que no cumplan con los estándares mínimos internacionales en la materia y que no respeten la dignidad inherente del ser humano".

"Más allá de estas consideraciones sustanciales y de los problemas estructurales, existe en la sociedad y también en la administración un deber irrenunciable en la satisfacción de unos presupuestos materiales de existencia para la población privada de la libertad" señaló.

Finalmente recordó que es importante garantizar a quienes presentan limitaciones determinantes en su libertad, "el acceso suficiente al agua limpia necesaria para satisfacer unos niveles mínimos esenciales encaminados a cubrir las necesidades de consumo y contribuir a preservar la salud y la salubridad pública dentro de los establecimientos de reclusión".

PAOLA SANTOFIMIO

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