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lunes, julio 24, 2017
Justicia

Corte Constitucional advierte sobre posible desplome de viviendas en Bolívar

martes, julio 4, 2017 18:38
Ordena la reubicación de las familias que viven allí dado a que el suelo no era apto para su construcción 

Una fuerte advertencia hizo la Corte Constitucional al estudiar una tutela presentada por la Defensoría Regional de Bolívar, sobre la situación actual de un grupo de familias que viven en la urbanización El Rodeo, ubicada en el Municipio de Turbaco, Bolívar. 

Según reveló la Defensoría, en 1998 se ejecutó un proyecto de construcción que comprendía 26 manzanas y 384 viviendas de interés social, las cuales fueron vendidas en su totalidad. Sin embargo, los propietarios empezaron a sufrir agrietamientos a los pocos meses de su adquisición ya que el terreno en la cual fueron construidas es una zona que sufre de diapirismo -aparición de volcanes de lodo-.

Frente a esta situación la Defensoría acudió a la Corte Constitucional para para manifestar su preocupación “por el posible colapso de las viviendas debido al terreno en el cual fueron construidas, riesgo que se acrecentó por el período invernal” que inició en 2016 y ha continuado a lo largo de este año.

Para ello aportó una serie de fotografías y vídeos en los que el alto tribunal “pudo constatar la gravedad de las condiciones de habitabilidad de las viviendas que ponen en riesgo la integridad física e incluso la vida de quienes viven en ellas”. 

Al respecto la Corporación Judicial indicó que tras un completo estudio realizado, y acompañado de inspecciones judiciales, se pudo constatar que el deterioro de las viviendas “se debe a que la urbanización el Rodeo se encuentra en un terreno no apto para la construcción”, lo cual fue advertido en su momento por un oficio de la Secretaría de Gobierno del Distrito de Cartagena a una de las constructoras, haciendo caso omiso de esto y efectuando igualmente su construcción. 

Cuestionó que no se haya hecho una adecuada vigilancia pues estaba ubicado en una zona de “arcillas expansivas y limosas, que conlleva a que en las épocas de verano el suelo se agriete y con ello se cuarteen los pisos y la mampostería de las casas mientras que en el invierno se vuelve limoso y arcilloso reteniendo humedad”. 

Por esta razón el Alto Tribunal determinó que en este caso es necesario que se reubique lo antes posible a las familias que viven en esa urbanización, pues en cada uno de los videos y en las fotografías “se evidenciaron fracturas de muros que amenazan incluso con su desplome”.

“La causa del deterioro de las viviendas de los accionantes no es otro que el terreno en donde fueron construidas, deterioro que se ha acrecentado por el periodo de lluvias que inició en dos mil dieciséis (2016). Las fallas estructurales de sus residencias pueden afectar la integridad física de las personas que allí habitan, tal daño en la estructura no solo genera una amenaza a la integridad física de los accionantes sino también una posible afectación psicológica, pues existe un temor latente fundado frente a un posible colapso de sus viviendas” añadió la Corporación Judicial.

En ese punto advirtió “que el riesgo al que actualmente se encuentran sometidos los accionantes es extraordinario, toda vez que se genera por el hecho de que las viviendas se elevaron en un terreno no apto para la construcción (específico e individualizable), causando en ellas marcas visibles de deterioro acrecentadas por el periodo invernal (concreto y presente), que pueden generar con probablemente lesiones en quienes residen en ellas, probabilidad que se incrementó luego del último periodo de lluvias (serio)”.

La Corte recalcó que en casos como estos es la administración en concurrencia con los particulares quienes deben hacerse cargo “de cubrir los costos relacionados con los estudios técnicos y dictámenes que deben adelantarse así como de la reubicación”.

Por esta razón ordenó al municipio de Turbaco, y al Distrito de Cartagena, que en un máximo de 15 días “realicen las gestiones necesarias para la contratación de un peritazgo, que debe ser llevado a cabo por un contratista imparcial quien deberá desplegar el más alto nivel técnico y científico en la experticia que lleve a cabo” con el fin de que se realice un estudio del suelo y del estado de las viviendas y su estabilidad.

“Debe advertirse que las entidades estatales obligadas, esto es el Distrito de Cartagena y el municipio de Turbaco, deben garantizar oportunamente la protección aquí concedida sin perjuicio de que puedan repetir contra la Curaduría Urbana No 1 y a la Sociedad Promotora Concordia S.A. - En liquidación - por la cuota parte que les corresponda. Las obligaciones que correspondan esta última deberán inscribirse en la masa de la liquidación”, agregó.

PAOLA SANTOFIMIO

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