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viernes, julio 28, 2017
Justicia

'Bogotá no ha cumplido orden de crear políticas para vendedores ambulantes': Corte Constitucional

lunes, julio 10, 2017 21:15

Trece años han pasado desde que la Corte Constitucional ordenó a la Alcaldía mayor de Bogotá y al Instituto para la Economía Social (IPES) adoptar políticas públicas a favor de los vendedores ambulantes de la capital del país, sin embargo, las órdenes impartidas en su momento por el entonces magistrado Manuel José Cepeda siguen sin cumplirse, según afirmó el mismo alto tribunal en un reciente fallo de tutela.

La corporación judicial indicó que, en 2003, se describieron “cuáles eran las características que tenían que reunir las políticas, programas y medidas de reubicación y atención de vendedores informales” pero esas órdenes no se han cumplido cabalmente, “de lo que es clara muestra el número de casos que esta Corporación ha tenido que fallar con problemas jurídicos idénticos”.

Señaló el alto tribunal que llama la atención sobre la obligación imperiosa de las administraciones municipales de cumplir los acuerdos a los que llegan con sujetos de especial protección constitucional, teniendo en cuenta que “un acuerdo en el que el Estado se comprometa con un ciudadano o grupo de ciudadanos en condiciones de especial protección constitucional a reubicarlos y ofrecerles alternativas económicas y productivas, está llamado a cumplirse a rajatabla, so pena de ofender gravemente la confianza legítima que esos ciudadanos depositan en las actuaciones de las autoridades públicas”.

Resaltó la Corte que “la recuperación del espacio público es una operación administrativa compleja, que no termina solamente con el desalojo. El Estado tiene el deber de proteger el debido proceso de los vendedores informales y ellos tienen la opción de solicitar la protección de ese derecho fundamental”.

Este pronunciamiento se hizo al fallar una tutela a favor de mujer indígena que “desarrolla una actividad económica informal a través de la venta de artesanías, tejidos, y ropa”, según narró la tutelante, “la Alcaldía Mayor de Bogotá y el IPES vulneraron sus derechos fundamentales al trabajo, al mínimo vital y a la vida digna, al ejecutar el procedimiento policivo de desalojo del predio sin haberse, según ella, implementado la atención en los programas que brinda el IPES para apoyar a los vendedores informales de la ciudad de Bogotá”.

“No encuentra la Sala cómo puede el Estado amparar el uso de la fuerza policiva sin advertencia y sin la puesta en marcha de propuestas productivas en los términos en que así lo ha requerido la jurisprudencia, amparándose en que mucho tiempo antes se haya hecho un operativo policial para ‘recuperar’ una porción del espacio público” agregó.

Recordó que “la administración debe proveer no solamente un plan de reasentamiento en un lugar donde no se corra el riesgo de desalojo policivo posterior. Ese reasentamiento debe también permitir al vendedor el ejercicio de la misma labor comercial que venía desarrollando, en condiciones que sean respetuosas de las tradiciones y saberes ancestrales de su comunidad”.

 

PAOLA SANTOFIMIO

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