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viernes, junio 23, 2017
Justicia

A la cárcel 11 contratistas de Colpensiones por defraude al Estado

sábado, junio 10, 2017 08:54

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos y profirió medida de aseguramiento en centro carcelario a 11 contratistas de Colpensiones como presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir, estafa agravada en concurso homogéneo, acceso abusivo a sistema informático, violación de datos personales agravada, falsedad material en documento público y fraude procesal.  

Estas 11 personas habrían defraudado al Estado en $5.111'000.000.

Por estos hechos aceptaron cargos Johana Marcela Torres Parada y Johana María Tavera Ayala. Entretanto, los otros presuntos implicados son: Deysi Jazmín Salgado Cortes, Leidy Bibiana Ayala Bonilla, Humberto Fernando Vallejo Jaramillo, Jenny López Barrios, Diana Marcela Rojas Muñoz, Viviana Paola Trejos Fernández, Alejandra Murillo Torres, David Fernando Quiñonez Norato e Iván Leonardo Lyons Molano.

Uno de los testimonios que sirvió para identificar el fraude fue el de una funcionaria de Colpensiones que señaló que su compañera, Johana María Tavera Ayala le pidió el computador prestado, con el fin de realizar una carta de renuncia, pero que se percató que el objetivo real era el de entrar al sistema informático con una clave secreta y que desde allí había variado la historia laboral de un señor que no cumplía con los requisitos de ley para obtener su pensión de vejez.

"Johana modificó los datos en fecha de ingreso desde el 22 de enero de 1974 al 22 de enero de 1981, lo cual le permitió obtener la pensión de vejez a ese usuario", sostuvo la fiscal del caso.

"Cobraban entre 10 y 100 millones de pesos por realizar los trámites ilegales, dependiendo del monto a reconocer por concepto de la pensión habrían reconocido de manera irregular 174 pensiones, con retroactivo, por más de $5.100 millones", agregó la funcionaria encargada.

Los delincuentes actuaban en tres modalidades. La primera era la creación de toda la historia laboral, la segunda la modificación o ampliación de las semanas cotizadas y la tercera la modificación, pues consultaban los datos de los afiliados del Seguro Social y se los ponían a otras personas que no tenían nada que ver.

Adicionalmente una persona dentro de la estructura delincuencial generaba una modificación en la solicitud de reconocimiento para obtener una mayor cantidad de dinero en los pagos de retroactivo.

 

REDACCIÓN INTERNET

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