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jueves, marzo 23, 2017
Colombia

Cinco entidades del Estado piden revisar fallo que frenó proyecto turístico en Barú

miércoles, noviembre 4, 2015 11:58
Este miércoles la Agencia Nacional de Defensa del Estado presentará la solicitud que hizo a la Corte Constitucional para que revise el fallo en el que el alto tribunal determinó que los pobladores afrodescendientes que habitan en la vereda Playa Blanca en la isla de Barú (Cartagena) deberán ser reconocidos como consejo comunitario con el fin de que ellos aprueben la realización de un proyecto turístico a cargo de la Sociedad Playa Blanca Barú SAS.
Foto: camilo_marino(Flicker)
"Hemos solicitado la nulidad de la sentencia; allí se acogió la solicitud de comerciantes que alegaban que tenían usos y tradiciones que los acreditaban como comunidad étnica, uno de ellos una española, cuando hay material que los acredita como comerciantes. Este grupo de comerciantes decidió autodenominarse como grupo étnico ancestral y hacer con ello una titulación colectiva de territorio en un lugar que es de playa y por tanto bien de uso público. Ello sienta un grave precedente porque buscan que se les titule esta zona de playa como si fuera de uso colectivo"
Adriana Guillen, directora de la Agencia Jurídica del Estado

En un hecho sin precedentes el Ministerio del Interior, la Alcaldía de Cartagena, el Incoder, Fonade y la Dimar, pidieron a la Corte Constitucional que revise el fallo que ordenó que una comunidad en Playa Blanca sea reconocida como ancestral afrodescendiente y que por tanto deben ser consultados para dar continuidad a la construcción de un megaproyecto turístico.

A través de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado,  se solicitó a la corte que revise su fallo al considerar que no se tuvieron en cuenta evidencias como fotografías, vídeos y testimonios que dan cuenta de que la comunidad que pide dicho reconocimiento no cuentan con la condición de ancestrales; alegan incluso que se trata de comerciantes muchos de ellos extranjeros.

La Viceministra del Interior, Carmen Inés Vásquez, indicó que se realizó en agosto un proceso de consulta previa  con tres comunidades reconocidas con todos los requerimientos exigidos por la Ley. "Para nosotros, las comunidades con las que tuvimos la oportunidad de llevar a cabo la consulta previa, son las comunidades reconocidas en el territorio y por tanto tienen el derecho de participar en ella", dijo.

El director de la Dimar, Pablo Emilio Romero, aseguró que constantemente ha tenido problemas con estas comunidades comerciantes por el uso de la playa y que el fallo "pasa por encima de las acciones que ha tenido la Dirección General Marítima".

Por su parte, el saliente alcalde de Cartagena, Dionisio Vélez, explicó que desde el comienzo se han tomado acciones para recuperar estas playas como de bien de uso público, y que por ello se ha procedido a hacer señalamientos de muchos de estos lugares.

"Estamos haciendo un llamado para que estos espacios de uso público vuelvan a su propietario que es la Nación", dijo.

JOHANNA ÁLVAREZ 

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