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INTERNACIONAL
Jueza apunta que el Gobierno puede ganar en aspectos de la ley de inmigración de Arizona
miércoles, 28 de julio de 2010
La jueza federal Susan Bolton apuntó hoy, al dictaminar el bloqueo de las partes más polémicas de la ley de inmigración de Arizona, que el Gobierno de EE.UU. puede ganar algunos aspectos de su demanda contra la medida.
En su dictamen, la jueza permite que la ley entre en vigor mañana, como estaba previsto, pero excluye tres provisiones clave, incluida la obligación de los agentes de Policía a comprobar el estatus migratorio de una persona a la que hayan detenido por otras razones.
También queda en suspenso la aplicación de otra sección que obliga a los inmigrantes a llevar encima siempre la documentación que demuestre que se encuentren de manera legal en el país.
Igualmente se suspende la sección que convertía en delito el que los inmigrantes indocumentados pudieran pedir empleo en lugares públicos.
En la orden de Bolton se indica que "hay una probabilidad sustancial de que los agentes detendrán erróneamente a inmigrantes legales bajo la nueva ley", conocida como SB1070.
"Al aplicar esta medida, Arizona impondría una carga 'extraordinaria, inusual y característica' a los inmigrantes ilegales que sólo el Gobierno Federal tiene autoridad para imponer", añade el dictamen de la jueza.
La magistrada tomó la decisión en respuesta a la demanda presentada por el Departamento de Justicia contra la ley.
En esa demanda -una de siete presentadas por diversas entidades contra la ley de Arizona-, el Departamento de Justicia considera que los estados no deben suplantar la autoridad federal a la hora de decidir la política de inmigración.
En su dictamen, la jueza apunta que se inclina en favor del Gobierno en los aspectos de la ley bloqueados hoy.
El Departamento de Justicia "es probable que tenga éxito en su demostración de que la ley federal se impone sobre estos aspectos de la ley SB1070".
Por ello, determina que el Gobierno federal podría "sufrir un daño irreparable si el tribunal no suspende de modo preliminar la aplicación de esos aspectos".
En cambio, considera improbable que la demanda del Departamento de Justicia tenga éxito contra las provisiones de la ley que establecen como delito estatal el dar transporte o refugio a un inmigrante ilegal.
La ley de inmigración de Arizona, conocida como SB1070, quedó promulgada por la gobernadora Jay Brewer el pasado abril.
Sus críticos alegan que puede conducir a la discriminación racial, en especial contra la población hispana.
Se calcula que en Arizona hay cerca de 460.000 inmigrantes ilegales, la mayor parte de ellos hispanos. En todo EE.UU, se considera que residen doce millones de indocumentados.
Las encuestas apuntan a que la mayor parte de los estadounidenses respaldan la SB1070. Un sondeo del Instituto Gallup difundido el martes cifraba en el 60 por ciento el porcentaje de votantes que está de acuerdo con esa ley.
EFE
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